¿Quién es una persona defensora de derechos humanos?

Cuando escuchamos la frase “persona defensora de derechos humanos” quizás pensemos en abogados, activistas o miembros de organizaciones internacionales. Pero la verdad es que cualquiera de nosotras y nosotros puede ser una persona defensora de derechos humanos, sin importar su profesión, cargo o lugar de residencia.

Ser una persona defensora de derechos humanos no es un título, sino una acción. Eres persona defensora de derechos humanos si tomas acciones para educar, vigilar o denunciar violaciones a los derechos humanos.

• No importa si es tu empleo formal o si lo haces en tu tiempo libre.

• No importa si eres funcionaria pública, docente, estudiante o vecina de una comunidad.

• Lo que importa es la acción: proteger derechos fundamentales.

La condición de persona defensora no es permanente: se adquiere mientras se realiza esta labor.

Al respecto, en el caso Defensor de Derechos Humanos vs Guatemala, la Corte IDH consideró que,

“La calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público. (…) la defensa de los derechos no sólo atiende a los derechos civiles y políticos, sino que abarca necesariamente los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia… dichas actividades… deben ser realizadas de forma pacífica… y pueden ejercerse de forma intermitente u ocasional, por lo que la calidad de defensora de derechos humanos no constituye necesariamente una condición permanente.” (2014, Parr. 129).

Este pronunciamiento deja claro que toda persona, sin importar su profesión, cargo o tiempo de dedicación, puede ser defensora o defensor de derechos humanos si decide vigilar, educar o denunciar para proteger la dignidad de otras personas.

Obligaciones de los Estados para proteger a las personas defensoras de DDHH

La Corte IDH en la sentencia del caso López Lone y otros vs. Honduras (2015), dio un paso más al definir con precisión las obligaciones estatales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Este caso, que analizó las represalias sufridas por jueces que denunciaron el golpe de Estado de 2009, dejó claro que los Estados deben:

1. Garantizar un entorno seguro y libre de represalias: El Estado debe prevenir cualquier forma de hostigamiento, amenaza o violencia, incluso proveniente de actores no estatales, asegurando que las y los defensores puedan actuar sin miedo.

2. Abstenerse de obstaculizar la labor de defensa: Ni las instituciones ni sus funcionarios pueden usar su poder para intimidar, sancionar o limitar las acciones de vigilancia, denuncia o educación en derechos humanos.

3. Investigar y sancionar: Ante agresiones o represalias, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, prontas e imparciales y sancionar a los responsables, enviando un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia contra quienes defienden derechos humanos.

4. Adoptar medidas estructurales: Incluye diseñar políticas públicas, marcos legales y programas de protección que fortalezcan la independencia judicial y la participación ciudadana, evitando que las personas defensoras queden expuestas a riesgos por el simple hecho de cumplir su función.

   
   

Para aprender más sobre este tema puedes revisar el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte IDH y el trabajo de la Relatoría de la CIDH sobre personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia.

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