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Moderación de contenidos y Libertad de Expresión

Patricia Tarre Moser

29 sept 2026

En este episodio conversamos con Emanuel Vargas Penagos sobre la moderación de contenidos en plataformas digitales y sus implicaciones para la libertad de expresión. Analizamos los riesgos de censura y discriminación, los estándares internacionales aplicables y los mecanismos para proteger los derechos de las personas usuarias frente al poder de las empresas tecnológicas.



Para escuchar el episodio completo dale click aquí



Las redes sociales son un espacio fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. A través de ellas compartimos información, participamos en debates públicos, denunciamos violaciones de derechos humanos y accedemos a contenidos que difícilmente encontraríamos en otros medios.


Sin embargo, las decisiones sobre qué podemos publicar, compartir o consultar en internet no las toman los Estados, sino empresas privadas.


Instagram puede eliminar una fotografía, YouTube suspender un canal y X limitar la visibilidad de determinadas publicaciones. Estas decisiones pueden responder a obligaciones legales, políticas internas o intereses comerciales, pero todas tienen algo en común: influyen directamente en las posibilidades de participar en el debate público.


Cuando las plataformas gobiernan el debate público


Tradicionalmente, las restricciones a la libertad de expresión se analizaban principalmente a partir de las actuaciones estatales. Sin embargo, las plataformas digitales han adquirido una capacidad considerable para establecer y aplicar sus propias reglas sobre la circulación de información.


A través de sus términos y condiciones y normas comunitarias, las empresas determinan qué contenidos consideran aceptables, cuáles requieren restricciones y cuáles deben eliminarse.


Este fenómeno constituye una forma de gobernanza privada de la libertad de expresión. Las plataformas establecen reglas, supervisan su cumplimiento y adoptan decisiones que pueden afectar la participación de millones de personas.


El problema aparece cuando estas decisiones producen efectos desproporcionados. Por ejemplo, las restricciones sobre imágenes del cuerpo femenino pueden terminar afectando publicaciones educativas, artísticas o relacionadas con la salud sexual y reproductiva. En estos supuestos, políticas destinadas a evitar determinados contenidos pueden provocar la eliminación de expresiones legítimas. Pero también existe el riesgo contrario. Cuando una plataforma no actúa frente a contenidos racistas, amenazas o determinadas expresiones de odio, puede generar un entorno hostil que dificulte la participación de las personas afectadas.


La cuestión no consiste, entonces, simplemente en moderar más o moderar menos. Una moderación excesiva puede silenciar expresiones legítimas, mientras que una moderación insuficiente puede contribuir a excluir determinadas voces del debate público. Esta tensión obliga a preguntarse qué criterios deberían orientar las decisiones de las plataformas y quién debe supervisar su cumplimiento.




¿Están obligadas las redes sociales a respetar los derechos humanos?


Una de las principales dificultades jurídicas consiste en determinar cómo se aplican los estándares internacionales de derechos humanos a las decisiones de empresas privadas.


En el SIDH, el artículo 13 de la CADH reconoce la libertad de pensamiento y expresión y establece garantías frente a restricciones incompatibles con este derecho. Aunque la Convención establece obligaciones internacionales para los Estados, ello no significa que las actividades privadas carezcan de relevancia para su cumplimiento.


En julio de 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó el informe Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet, en el que examina precisamente los desafíos de la moderación de contenidos y propone orientaciones para garantizar un entorno digital abierto, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.


El informe destaca la importancia de desarrollar políticas de moderación transparentes y compatibles con los estándares internacionales, evitando tanto las restricciones arbitrarias como la circulación de contenidos que puedan afectar gravemente los derechos de otras personas.


Esta discusión también ha llegado a los tribunales nacionales. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional ha examinado restricciones aplicadas por Instagram a publicaciones relacionadas con contenido sexual, incluida la claridad de las normas comunitarias utilizadas para justificarlas.


La cuestión de fondo es especialmente relevante: las reglas privadas que afectan derechos fundamentales no deberían aplicarse de manera arbitraria, discriminatoria o imprevisible. ¿Esto significa que cualquier decisión de moderación deba superar exactamente las mismas exigencias jurídicas que una restricción estatal?

Episodio de Podcast


Invitada de hoy


Emmanuel Vargas es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría de investigación (LLM) en Derecho de la Información de la Universidad de Ámsterdam. Actualmente está finalizando su doctorado en Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Örebro, enfocado en las salvaguardas de derechos humanos aplicables a la moderación automatizada de contenidos en redes sociales.



Transcripción



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Sobre La Profe 

¡Hola! Mi nombres Patricia Tarre Moser. Soy abogada especialista en Derechos Humanos con más de trece años de experiencia.

 

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