Tabaco y Derechos Humanos

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El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT), que incluyen cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

A diferencia de enfermedades infecciosas como el VIH o el COVID-19, las ENT se desarrollan lentamente y están ligadas a una combinación de factores genéticos, ambientales y de hábitos de consumo. Según la OMS, son responsables de más del 70% de las muertes en el mundo.

Esto convierte al tabaquismo en un problema central para los sistemas de salud y para la protección de derechos humanos, en particular:

• El derecho a la salud, tanto en su dimensión de acceso a servicios como en los determinantes sociales de la salud.

• El derecho a la vida, al ser el tabaco responsable directo de millones de muertes anuales.

• El derecho a la información, ya que por décadas las empresas tabacaleras ocultaron o minimizaron los riesgos del cigarro.

• El derecho a la igualdad, ya que los grupos más vulnerables suelen ser los más expuestos y menos protegidos.

¿Elección personal o contexto manipulado?

Uno de los mitos más extendidos es creer que fumar es una decisión puramente individual. Esta idea pasa por alto que esa elección ocurre en un entorno lejos de ser neutral, configurado por factores como: campañas publicitarias masivas y agresivas, precios artificialmente bajos en comparación con los enormes costos en salud, y un acceso fácil y con controles insuficientes en muchos países, entre otros.

Frente a ello, el Estado tiene la obligación de intervenir para restituir la neutralidad del entorno. Esto no significa prohibir fumar, sino garantizar que las decisiones individuales no estén manipuladas por estrategias empresariales que, en la práctica, socavan el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Estándares internacionales y medidas regulatorias

En los últimos años, organismos internacionales y regionales han reconocido la relación entre tabaco y derechos humanos. Un punto clave es el deber de los Estados de regular, supervisar y fiscalizar la actividad empresarial.

Un referente central es el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado hace 20 años, que recomienda medidas basadas en evidencia científica:

• Impuestos al tabaco para reducir accesibilidad.

• Prohibición de publicidad, patrocinio y promoción.

• Espacios libres de humo para proteger a terceros.

• Advertencias gráficas en empaques para informar a los consumidores.

Estos estándares están siendo incorporados al ámbito interamericano, incluyendo el reciente informe de la REDESCA sobre enfermedades crónicas y derechos humanos.

Litigios: cuando la salud pública llega a los tribunales

Cada vez que los Estados implementan medidas regulatorias, la industria responde con litigios. Esto ha generado jurisprudencia importante en la región:

• En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia C-830 avaló la prohibición de publicidad de cigarrillos, rechazando el argumento de que toda publicidad está protegida por la libertad de expresión. La Corte diferenció entre información útil (como advertencias de salud) y persuasión comercial.

• En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Provincia de Santa Fe un caso en el que la industria cuestionó la constitucionalidad de la ley provincial que prohibía toda publicidad de productos de tabaco. El tribunal respaldó el deber estatal de proteger la salud pública, sentando un precedente para litigios similares en otras provincias.

• En Brasil, la Abogacía General de la Unión (AGU) promovió en 2019 la “Acción de Regreso” contra British American Tobacco y Philip Morris, con el fin de recuperar los costos del sistema público de salud por enfermedades derivadas del tabaco. Este caso sigue abierto y sigue el modelo de Estados Unidos en los años 90, donde las tabacaleras terminaron pagando miles de millones de dólares anuales a los estados a través de acuerdos judiciales.

Estos litigios no solo buscan defender medidas preventivas, sino también abrir camino a la responsabilización civil de la industria, un mandato explícito del Convenio Marco de la OMS.

Episodio de Podcast

Invitada de hoy

Isabel Barbosa es directora asociada del Centro para la Salud y los Derechos Humanos, parte del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Global en la Universidad de Georgetown. Es también profesora adjunta de la misma universidad. Participa en actividades de investigación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica relacionadas con diversos temas en la intersección entre la salud y el derecho, incluyendo la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el tabaco y la alimentación.

Transcripción

Recursos Adicionales

• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

• CIDH. Informe Las Enfermedades No Transmisibles y los Derechos Humanos en las Américas.

• Video en el canal de Estudia DDHH analizando la decisión Tabaco y Derechos Humanos.

  
  

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