Maternidad forzada ante el Comité de Derechos Humanos

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El 20 de enero de 2025, en un grupo de decisiones históricas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió tres resoluciones condenando a Ecuador y Nicaragua por violaciones a los derechos humanos de tres niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y que fueron obligadas a ser madres en contra de su voluntad. En su dictamen, el Comité reafirma un principio fundamental: las niñas deben ser niñas, no madres.

Hechos de los casos

Susana vs. Nicaragua

Susana, nacida en Waslala y criada en San José de Bocay, creció en extrema pobreza con sus abuelos maternos. Desde 2006, sufrió abuso sexual sistemático por parte de su abuelo, quien la aislaba y sometía a violencia extrema.

En 2014, al notar su embarazo, su abuela intentó ayudarla, pero el miedo y la lejanía impidieron una acción inmediata. Susana intentó suicidarse. En septiembre, lograron salir de casa y buscar ayuda, pero fueron ignoradas. En octubre, dio a luz en el hospital de Waslala, donde recibió un trato despectivo y negligente. El personal médico la humilló con comentarios hirientes sobre su embarazo y la obligó a amamantar al bebé a pesar de su rechazo. No le brindaron asistencia psicológica ni le informaron sobre opciones como la adopción. Tampoco se realizaron los exámenes médicos necesarios para evaluar su estado de salud ni se activaron protocolos para víctimas de violencia sexual.

Tras el parto, se refugiaron en Amewas y luego en un albergue en Estelí por nueve meses. La denuncia enfrentó trabas burocráticas y en 2018 fue archivada por "falta de interés de la víctima"". La policía pidió a la familia cubrir costos del operativo para detener al agresor, lo que nunca ocurrió.

Desde entonces, la autora ha sido estigmatizada y rechazada por su comunidad. Huyó, formó una nueva familia y tuvo otro hijo, pero el trauma y la falta de acceso a educación afectan su desarrollo. Su agresor sigue libre y vinculado a grupos armados, lo que perpetúa su temor y vulnerabilidad.

Lucía vs. Nicaragua

Lucía, una niña de 13 años originaria de Jinotepe, Nicaragua, fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote que llegó a su parroquia en 2013. Como integrante del coro juvenil, Lucía comenzó a recibir mensajes del presbítero, quien aprovechó su posición de autoridad para manipularla y agredirla sexualmente en múltiples ocasiones, utilizando amenazas para garantizar su silencio.

En septiembre de 2014, se confirmó que Lucía estaba embarazada, lo que la obligó a asumir una maternidad forzada a pesar de su edad y de las secuelas emocionales de los abusos. Durante el proceso de gestación, las autoridades de salud no le brindaron la atención adecuada ni seguimiento psicológico integral. Al momento del parto, sufrió complicaciones médicas debido a negligencias en su atención.

Su familia denunció los hechos en octubre de 2014, pero las instituciones encargadas de la investigación demoraron el proceso y no actuaron con diligencia. A pesar de que una prueba de ADN confirmó al sacerdote como padre del niño, nunca se llevó a cabo su detención. Además, la familia sufrió hostigamiento y presiones para retirar la denuncia.

Norma vs. Ecuador

Norma, nacida en un contexto de pobreza y violencia intrafamiliar en Ecuador, fue víctima de abuso sexual por parte de su padre tras ser reinsertada en su hogar. A los 13 años quedó embarazada sin comprender su estado, y al buscar ayuda médica, se le negó el acceso a un aborto legal por considerarse "tardío". Expresó reiteradamente su rechazo a la maternidad e incluso pensó en quitarse la vida.

Durante su atención médica, sufrió maltrato y violencia obstétrica. En el hospital, el personal la humilló, la presionó para ver a su hijo y amamantarlo, y le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento. La denuncia penal contra su agresor enfrentó demoras y negligencia. La policía la revictimizó con preguntas inapropiadas y se negó a detener a su padre cuando fue identificado en la vía pública. La justicia no le brindó una respuesta efectiva, y su agresor falleció impune en 2015.

A pesar de su vulnerabilidad, Lucía no recibió apoyo adecuado ni acceso a programas de asistencia. La maternidad forzada afectó su desarrollo personal, educativo y económico, llevándola a trabajar desde los 16 años para mantener a su hijo.

Decisiones

Es muy importante que las voces de niñas como Norma, Susana y Lucía se escuchen a nivel global, especialmente en una región como América Latina, donde las problemáticas estructurales que enfrentan las niñas y mujeres en cuanto a violencia sexual y reproducción forzada son profundamente arraigadas. A partir de los casos de estas tres niñas, el Comité ha tomado decisiones trascendentales para proteger sus derechos y garantizar que puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas.

Algunas de las medidas clave tomadas por el Comité incluyen:

• Modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente los que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada.

• Asegurar que se brinden servicios de salud integrales, incluida la interrupción del embarazo, a todas las personas, y que se eliminen las barreras que aún hacen que las personas no puedan acceder a este servicio.

• Emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos.

• Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre cómo atender de manera integral los casos de violencia sexual, y asegurarse de que actúen de manera efectiva cuando una víctima se enfrente al peligro de una persona que ya ha agredido antes.

• Reparar a las sobrevivientes, indemnizarlas, apoyarlas para que retomen sus estudios y los de sus hijos, garantizar que tengan acompañamiento psicológico y que puedan retomar sus proyectos de vida para que logren sus metas educativas, profesionales y familiares.

Episodio de Podcast

Invitada de hoy

Carmen Cecilia Martínez es venezolana, defensora de derechos humanos y directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos: Una organización global que lucha para que los Estados reconozcan la autonomía reproductiva como un derecho fundamental. Carmen es Master en Derecho con especialización en derecho constitucional y derechos humanos. Fue directora regional y abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide. Antes trabajó por 5 años en la organización nacional de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, en Argentina.

A Carmen la pueden seguir en Twitter en @CarmenCeciliaML

Transcripción del episodio

Recursos Adicionales 

• OHCHR. Norma Vs. Ecuador.

• OHCHR. Susana Vs. Nicaragua.

• OHCHR. Lucía Vs. Nicaragua.

• Para más información sobre el movimiento "Niñas, No Madres", visita su página web y escucha su podcast.

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