Patricia Tarre Moser
14 abr 2026
En este episodio conversamos con Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, sobre el aumento de leyes que restringen a las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y los riesgos que esto representa para el espacio cívico y los derechos humanos.
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En los últimos años, América Latina ha comenzado a mostrar una tendencia preocupante: el aumento de leyes que restringen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque este fenómeno no es completamente nuevo, entre 2024 y 2026 al menos seis países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Paraguay, Ecuador y Perú, han aprobado o fortalecido marcos normativos que limitan su funcionamiento.
¿Por qué preocupa esta tendencia?
Estas leyes impactan directamente el derecho a la libertad de asociación, pero también afectan otros derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En conjunto, esto refleja un fenómeno más amplio: el cierre del espacio cívico.
Cuando el espacio cívico se reduce, las personas enfrentan mayores obstáculos para organizarse, exigir derechos o participar en asuntos públicos.
Patrones comunes
A pesar de las diferencias entre países, estas leyes comparten elementos similares:
Estigmatización de las ONG: Se les presenta como actores “antipatrias” o “enemigos internos”, lo que debilita su legitimidad social.
Registros adicionales obligatorios: Incluso organizaciones ya legalmente constituidas deben someterse a nuevos requisitos para operar.
Cargas administrativas excesivas: Se exigen controles financieros y documentación desproporcionada, que en la práctica dificultan su funcionamiento.
Acceso a información sensible: Se obliga a revelar datos de donantes, beneficiarios y personal, lo que puede poner en riesgo a las personas involucradas.
Sanciones severas: Desde multas hasta la disolución de organizaciones e incluso posibles consecuencias penales .
Episodio de Podcast
Invitada de hoy
Valentina Ballesta es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Es abogada venezolana con maestrías en derecho internacional público y derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones de derechos humanos desde hace 16 años, acompañando víctimas, sobrevivientes y movimientos de derechos humanos en Venezuela, México, Centroamérica y otros países de la región.
Transcripción
Recursos Adicionales
Video en el canal Estudia DDHH "Leyes restrictivas para las ONG´s".
Informe de Amnistía Internacional Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas.
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