Leyes restrictivas para las ONG´s

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En los últimos años, América Latina ha comenzado a mostrar una tendencia preocupante: el aumento de leyes que restringen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque este fenómeno no es completamente nuevo, entre 2024 y 2026 al menos seis países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Paraguay, Ecuador y Perú, han aprobado o fortalecido marcos normativos que limitan su funcionamiento.

¿Por qué preocupa esta tendencia?

Estas leyes impactan directamente el derecho a la libertad de asociación, pero también afectan otros derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En conjunto, esto refleja un fenómeno más amplio: el cierre del espacio cívico.

Cuando el espacio cívico se reduce, las personas enfrentan mayores obstáculos para organizarse, exigir derechos o participar en asuntos públicos.

Patrones comunes en las leyes restrictivas

A pesar de las diferencias entre países, estas leyes comparten elementos similares:

• Estigmatización de las ONG: Se les presenta como actores “antipatrias” o “enemigos internos”, lo que debilita su legitimidad social.

• Registros adicionales obligatorios: Incluso organizaciones ya legalmente constituidas deben someterse a nuevos requisitos para operar.

• Cargas administrativas excesivas: Se exigen controles financieros y documentación desproporcionada, que en la práctica dificultan su funcionamiento.

• Acceso a información sensible: Se obliga a revelar datos de donantes, beneficiarios y personal, lo que puede poner en riesgo a las personas involucradas.

• Sanciones severas: Desde multas hasta la disolución de organizaciones e incluso posibles consecuencias penales .

El argumento del financiamiento extranjero

Uno de los principales argumentos detrás de estas leyes es la necesidad de controlar el origen de los fondos, especialmente cuando provienen del extranjero. Sin embargo, este enfoque suele ir acompañado de narrativas que vinculan la cooperación internacional con injerencias indebidas o amenazas al Estado.

Esto es problemático porque la cooperación internacional es una práctica reconocida en el ámbito de los derechos humanos, basada en la solidaridad y el apoyo entre actores internacionales.

¿Dónde está el problema jurídico?

El problema no es la existencia de mecanismos de control en sí, sino su diseño y aplicación. Muchas de estas leyes:

• Son vagas o imprecisas en sus definiciones.

• Otorgan amplios márgenes de discrecionalidad al Estado.

• Se aplican en contextos de creciente autoritarismo.

Esto genera inseguridad jurídica y abre la puerta a abusos.

Episodio de Podcast

Invitada de hoy

Valentina Ballesta es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Es abogada venezolana con maestrías en derecho internacional público y derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones de derechos humanos desde hace 16 años, acompañando víctimas, sobrevivientes y movimientos de derechos humanos en Venezuela, México, Centroamérica y otros países de la región.

Transcripción

Recursos Adicionales

• Video en el canal Estudia DDHH "Leyes restrictivas para las ONG´s".

• Informe de Amnistía Internacional Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas.

  
  

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