Patricia Tarre Moser
4 mar 2026
En este episodio conversamos con Belén Aguinaga, abogada y experta en corrupción y derechos humanos, sobre la relación estructural entre ambos campos, la evolución del enfoque internacional que los conecta, el impacto de la corrupción en la garantía de derechos , tanto económicos y sociales como civiles y políticos, el papel emergente del Sistema Interamericano en el reconocimiento de las víctimas de corrupción y los desafíos jurídicos pendientes para integrar ambas agendas en contextos latinoamericanos.
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En el lenguaje jurídico tradicional, la corrupción y los derechos humanos han sido tratados como mundos separados. Por un lado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; por el otro, los instrumentos anticorrupción. Dos agendas que, durante décadas, avanzaron en paralelo.
Sin embargo, la práctica, y cada vez más la doctrina, ha demostrado que esa separación es artificial.
La corrupción no es solo un problema de gobernanza o de legalidad administrativa. Es, en muchos casos, una forma indirecta, pero profundamente efectiva, de vulnerar derechos humanos.
Dos sistemas que nacieron separados
El desarrollo histórico ayuda a entender esta desconexión. El sistema de derechos humanos surge tras la Segunda Guerra Mundial, con un énfasis inicial en la protección frente a abusos estatales y, posteriormente, en la expansión hacia derechos económicos, sociales y culturales. En contraste, el régimen internacional anticorrupción aparece décadas después, con instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).
Mientras los primeros desarrollan obligaciones de respeto, garantía y no discriminación, los segundos se centran en tipificar conductas, establecer mecanismos de prevención, investigación y sanción, y promover la cooperación internacional
La corrupción como obstáculo estructural de los derechos
A nivel práctico, la relación es mucho más clara. La corrupción impacta directamente en la capacidad del Estado para garantizar derechos, especialmente aquellos que dependen de recursos públicos. Cuando fondos destinados a salud, educación o vivienda son desviados, se compromete la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
Pero el problema no se agota en la dimensión material. La corrupción también erosiona la confianza en las instituciones, debilita el Estado de derecho, afecta la independencia judicial y deteriora los mecanismos de rendición de cuentas. En ese sentido, no solo limita derechos concretos, sino que afecta las condiciones estructurales que permiten su protección.
Más allá de los DESCA: la dimensión política y civil
Si bien las primeras aproximaciones vincularon corrupción con derechos económicos y sociales, el desarrollo reciente ha ampliado el análisis hacia los derechos civiles y políticos.
La corrupción puede incidir en la libertad de expresión, particularmente cuando quienes denuncian irregularidades, periodistas, personas defensoras o denunciantes, enfrentan censura o represalias. Este tipo de discurso ha sido reconocido como especialmente protegido por su relevancia para el interés público .
Asimismo, puede distorsionar procesos electorales y afectar el ejercicio efectivo de los derechos políticos. De manera más estructural, la cooptación del poder judicial mediante prácticas corruptas compromete la independencia judicial y, con ello, el acceso a la justicia.
En estos escenarios, la corrupción deja de ser un fenómeno periférico para convertirse en un elemento que reconfigura el funcionamiento democrático.
El giro del Sistema Interamericano
El SIDH ha comenzado a reconocer esta relación de forma más explícita. La CIDH ha señalado que la corrupción perpetúa la impunidad, debilita la institucionalidad democrática y afecta la vigencia de los derechos humanos. En ese proceso, ha incorporado un elemento especialmente relevante: la centralidad de las víctimas.
Este enfoque cuestiona una idea profundamente arraigada, según la cual la corrupción sería un delito sin víctimas. En realidad, sus efectos pueden manifestarse en distintos niveles. Puede haber daños directos a personas concretas, afectaciones a grupos determinados o impactos más amplios en la sociedad en su conjunto .
El problema pendiente: ¿quién es la víctima de la corrupción?
Aquí emerge uno de los desafíos más complejos. Los procesos penales por corrupción suelen estructurarse como conflictos entre el Estado y las personas imputadas, bajo la lógica de que el bien jurídico protegido es la administración pública. Sin embargo, esta concepción resulta insuficiente cuando se observan los efectos reales de la corrupción.
Existen contextos en los que los daños son claramente identificables, como en casos donde actos corruptos afectan directamente la salud, la educación o la seguridad de comunidades específicas. A pesar de ello, estas personas no siempre son reconocidas como víctimas dentro de los procesos.
El reto consiste en replantear estas categorías jurídicas para permitir su participación efectiva y garantizar su derecho a la reparación. Esto implica no solo ajustes procesales, sino también un cambio en la forma en que se entiende la corrupción dentro del derecho.
Hacia una agenda integrada
Uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido conceptual. Se ha comenzado a reconocer que la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos no son agendas independientes, sino interdependientes. Combatir la corrupción contribuye a la garantía de derechos, mientras que fortalecer derechos como el acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas incide directamente en la prevención de prácticas corruptas.
A pesar de ello, persisten desafíos importantes. La fragmentación normativa continúa, las dificultades probatorias, especialmente en casos de daño social, siguen siendo relevantes, y aún existe resistencia institucional para reconocer plenamente a las víctimas.
La dimensión invisible de la corrupción
La corrupción no siempre es visible. No siempre produce daños inmediatos o fácilmente atribuibles. Sin embargo, sus efectos son estructurales, acumulativos y profundamente desiguales.
En contextos como el latinoamericano, la corrupción no solo desvía recursos públicos: redefine, en la práctica, quién puede ejercer sus derechos y quién queda excluido de ellos.
Comprender esta relación no es únicamente un ejercicio teórico. Es una condición necesaria para repensar el derecho, las políticas públicas y los mecanismos de justicia. Porque mientras la corrupción continúe tratándose únicamente como un problema administrativo o penal, seguirá invisibilizándose su dimensión más grave: su capacidad de vulnerar derechos humanos.
Episodio de Podcast
Invitada de hoy
Belen Aguinaga es abogada y master en litigio y arbitraje internacional por la Universidad San Francisco de Quito; LLM por la Universidad de Nueva York; Oficial del Programa de Corrupción y DDHH en Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Transcripción
Recursos Adicionales
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